REMUNERACIONES DE PARLAMENTARIOS, MINISTROS Y OTRAS AUTORIDADES. OBSERVACIONES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

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Ponencia de Mario Waissbluth para el Consejo de Alta Dirección Pública, Junio 2, 2020

Estimados miembros del Consejo:

Es para mi un honor y un gusto volver a reunirme con este cuerpo colegiado, del que formé parte del 2004 al 2010, en el inicio de este imprescindible sistema. Respecto a la tarea que les ha encomendado esta reciente reforma constitucional, señalo que me da gusto constatar la responsabilidad que se les ha asignado, pues una vez más se valida la importancia que el Congreso le atribuye crecientemente al Consejo. Esto no siempre fue así, especialmente en los turbulentos inicios de su primera década.

En su origen, la reforma de la ADP fue contracultural al sistema político chileno, pero felizmente eso se ha ido desvaneciendo. Sigo creyendo que, con todas sus dificultades, es la más importante reforma del estado desde el retorno de la democracia, y es necesario que su espacio de acción aumente todavía más.

Pero tengo sentimientos encontrados. Les han encomendado una tarea que es una suerte de presente griego. La reforma constitucional recientemente aprobada me parece errónea, y hecha para satisfacer a las redes sociales más que a las necesidades del estado. Es además potencialmente dañina. Se les pide que hagan un trabajo técnico, cuando en realidad ustedes están en un dilema político en el cual están teniendo que “sacar las castañas con la mano del gato”. Perdón por la crudeza. Mi mayor deseo es que, en esta situación complicada, uds. tengan la sabiduría como para minimizar los daños al Estado y al CADP, antes que cualquier otro resultado.

El origen político de esta ley fue la queja de una parte de la ciudadanía, respecto a las elevadas remuneraciones y asignaciones, recalco… asignaciones, de los parlamentarios, y de nadie más. Circuló en los medios y redes sociales una gráfica que compara la remuneración parlamentaria en relación al ingreso per capita de diferentes países de la OCDE, en la cual obviamente Chile sale mal parado.

El asunto es que, si se hubiera graficado con el mismo parámetro el ingreso de los gerentes de empresa, los médicos de clínicas privadas, o los ingenieros de minas, el resultado hubiera sido igual o tal vez peor. Chile tiene una espantosamente mala distribución del ingreso, pero eso no significa que, dentro de la realidad chilena, los parlamentarios con su dieta de aproximadamente 7 millones líquidos estén excesivamente sobrepagados si se les compara con actividades de igual responsabilidad social o privada. Sé que lo que estoy diciendo es impopular, y que mañana me podrían destrozar en las redes sociales, pero a mi edad puedo y debo decir lo que me parece.

Por dar una idea, un médico especialista en las clínicas privadas, un abogado de bufetes conocidos, o un director de grandes empresas, gana 3 o 5 veces lo que gana un parlamentario, y ninguno de esos trabajos acarrea más responsabilidades, comparativamente hablando. Entiendo claramente que un cargo político de Ministro o Senador tiene otros beneficios intangibles, que suelen expresarse en mejores remuneraciones futuras, pero de ninguna manera como para equiparar estas enormes diferencias.

El ingreso per capita del promedio de los 180 mil hombres, mujeres y niños, del 1% más rico de Chile, si se computan las ganancias de capital, es de aproximadamente $180 millones de pesos para una familia de cuatro. Un pésimo, detestable y obsceno dato, pero es la realidad.

Estamos obviamente en una crisis de representación, y de desprestigio de la función parlamentaria y política. Pero eso no significa que haya que remunerar menos, sino que los ciudadanos debemos elegir mejor, y realizar las reformas políticas imprescindibles que aun están pendientes, ojalá en una nueva Constitución.

Asunto diferente son las asignaciones, del orden de 22 millones mensuales para Senadores y 11 para Diputados. Hace algunos años, muchos de estos recursos iban a parar directa o indirectamente al bolsillo de algunos parlamentarios, sus familiares, o a sus campañas políticas.

Sin embargo, entiendo que eso está hoy más controlado por un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Sé que a ustedes no les encargaron abordar las asignaciones, pero en la mente del público, esta sigue siendo una remuneración parlamentaria, lo que causa mucho enojo, aunque hoy pertenezca al espacio de las fake news que motivaron esta reforma constitucional. Es importante aclarar esto, para distinguir el espacio de las realidades, de la mitología política de vuestra tarea.

Por todas estas razones es que se habían propuesto desde hace años diversas iniciativas de ley para reducir el ingreso de los parlamentarios. Hoy, en una exótica defensa corporativa, algunos de ellos decidieron que, si se han de hundir salarialmente, mejor que se hundan todos incluso en el Ejecutivo, y de esta manera en una de esas no se hunde ninguno. Ese es, me temo, el trabajo de carácter gatopardesco que se les ha encomendado.

Si ustedes bajan muy poco las dietas, quedarán incinerados en las redes sociales y la opinión pública. Si las bajan mucho, harán grave daño al Estado, no sólo por la labor de los parlamentarios, sino por las repercusiones en el resto de los salarios públicos, partiendo por los Ministros, Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, y los cargos hacia abajo que a ellos reportan. La descentralización podría resultar damnificada, cuando lo que necesitamos son gobiernos regionales altamente profesionalizados.

Hay además una posibilidad, por los apretados plazos estipulados en esta reforma, de que vuestras decisiones perduren no por noventa días, sino por nada menos que cuatro años, lo cual hace aun más delicada la situación.

Aunque entiendo bien que ustedes deben atenerse a la letra de la Constitución, destaco que a mi juicio no es razonable que un Senador gane lo mismo que un Diputado, pues sus responsabilidades y requisitos del cargo son diferentes. Tampoco tiene lógica que el Ministro del Interior y el de Hacienda ganen lo mismo que un Senador o Diputado, ni tampoco que ganen lo mismo que el Ministro de Bienes Nacionales o el de Ciencia y Tecnología. Estoy ilustrando la complejidad absurda de vuestra tarea: salarios homogéneos para responsabilidades heterogéneas.

Debo ademas decir que, si como consecuencia indirecta de esta reforma, por la reducción de salarios de los Subsecretarios, se llegara a rebajar la remuneracion a los directivos de la Alta Dirección Pública, eso sería fatal, un golpe demoledor a este sistema que tanto trabajo ha costado afianzar. Quiero ser enfático en este punto: lo que se requiere hacer con muchos salarios ADP es aumentarlos y no disminuirlos. La figura del Subsecretario es clave en este problema, pues constituye el pivote entre los cargos políticos y los cargos técnicos. Bajar la remuneración a los Subsecretarios puede detonar una reacción en cadena hacia abajo.

Por darles una idea, el Director del Hospital de La Florida, cuya inversión fue de nada menos que US$ 150 millones, y que está en este momento luchando en condiciones desesperadas por la vida de los chilenos, gana $4.7 millones de pesos líquidos, mientras que un médico radiólogo en el sector privado gana $7 millones y un cirujano general más de $20 millones mensuales. Los directores de escuela ganan hoy menos que muchos profesores del sector público, lo cual es un verdadero tiro en el pié a la reforma educativa, que muy pocos mencionan. Algo no cuadra. Asimismo, sería grave que se vieran afectados muchos contratos de honorarios altamente especializados, por ejemplo en tecnologías de información, derecho penal, o ingeniería de minas.

Después de esta diatriba, ustedes tal vez se estarán preguntando cuál consejo concreto puedo ofrecer, dado que la ley es la ley, y que no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto.

Aun así, tengo una primera sugerencia. El Consejo de ADP tiene una gran ventaja y responsabilidad: poder darse el lujo de hacer un “téngase presente” público sobre el origen y la complejidad de carácter estrictamente política de la tarea que se les ha encomendado. Tienen la suficiente autonomía como para aclararle a la ciudadanía los dilemas a los que ustedes están sometidos… si es que comparten, por supuesto, algunas de estas apreciaciones.

Segunda sugerencia: como criterio general, definan las reducciones salariales mínimas posibles en lo que a dieta o remuneración ministerial se refiere. Es preferible que a ustedes los crucifiquen en las redes sociales, a que estas reducciones tengan impactos graves y duraderos en el funcionamiento del estado.

Tercera sugerencia: hay algunos cargos, en el ámbito de las asesorías de honorarios, contratas u otros casos puntuales en diversos ministerios y servicios, que están efectivamente sobrepagados. Eso exigirá la tediosa tarea de revisarlos uno a uno, para contrastar las responsabilidades con los requisitos curriculares y los salarios, pero tengo mucha confianza en que el staff y los expertos de la Dirección del Servicio Civil, ya muy familiarizados con el sector público y sus remuneraciones, podrán hacer una propuesta preliminar sujeta a vuestra aprobación final, de manera expedita.

Cuarta sugerencia: aunque no les compete a ustedes, sugiero buscar una manera de resolver el problema del pivote salarial de los subsecretarios entre lo político y lo técnico, con alguna formula propia del derecho administrativo, para concebir un tipo de bonificación especial, de manera que no se reduzcan los ingresos de los cargos de Alta Dirección e incluso, no siendo Alta Dirección, los cargos de otros jefes de Servicios o de la enorme cantidad de programas ministeriales relevantes, sobre cuyas remuneraciones e impacto hay por cierto un gran desorden.

Tengo además tres sugerencias para el Congreso, antes que para este Consejo: la primera sería reformar rápidamente la restricción constitucional que iguala remuneraciones de diferentes Ministros y de diferentes parlamentarios, y encargarle a este Consejo realizar esos ajustes, dando además un mayor plazo a vuestra tarea. Con ello le darían a ustedes un mayor margen de maniobra para hacer propuestas más sensatas respecto a toda la estructura de remuneraciones del Estado, corrigiendo además el contrasentido de la “verticalidad” que ahora explicaré.

Aquí se han construido dos mitos, que por alguna razón damos por aceptados, simplemente porque sí: el de la horizontalidad forzada de remuneraciones que recién mencioné, pero también el de la verticalidad. Este último supone que debemos seguir en el gobierno las normas de las Fuerzas Armadas: a mayor rango, mayor remuneración. No tiene por qué ser así. A lo mejor el cargo de Director de Sernageomín debe ser ocupado por un gran experto en geofísica, cuyo ingreso sea aun mayor que el del Ministro de Minería. Si hubiéramos decidido hace años que el Director de ONEMI debe ser un experto en logística de clase mundial, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado la tragedia del tsunami del 2010. Si el responsable de implementar el Transantiago hubiera sido un gerente de proyectos de envergadura internacional, es posible que nos hubiéramos ahorrado cientos de millones de dólares, y las penurias de los millones de ciudadanos que han sufrido por este sistema. Estos dos mitos corresponden a un Estado del Siglo XIX para desafíos del Siglo XXI.

Asimismo, creo que es deber del Congreso y no del Consejo clarificar totalmente, poniendo dentro de una pecera como alguna vez se ha dicho, el tema de las asignaciones, una fuente potencial de dispendio y/o financiamiento inadecuado de la política dos o tres veces mayor que el tamaño de las dietas. Si hay o no gastos inadecuados, no me corresponde ni sabría qué decir, pero me queda un respetable margen de dudas.

Sería ideal que un ente plenamente externo al Congreso, no el Comité de Asignaciones, revise las del último año cuenta por cuenta, parlamentario por parlamentario, y se le informe a la ciudadanía el resultado. Si son gastos pertinentes, bienvenidos sean, y si no, que se sancione lo necesario y se ajusten una vez más los mecanismos de control. Más aún, sostengo que el Comité de Asignaciones debiera tener un grado de independencia sustantivamente mayor respecto al Congreso, de manera permanente, si es que el velo de desconfianza se quiere levantar algún día.

Por último, me parece incomprensible que la labor parlamentaria no tenga exigencia de exclusividad. Según un reportaje Ciper del 2015, hay “parlamentarios dueños de empresas agrícolas y de transportes que integran las comisiones que legislan en esos rubros. Diputados y senadores que administran sus negocios. Otros prestan asesorías y no tienen la actividad legislativa como función exclusiva”.

Si estas irregularidades persisten hoy, no tengo cómo saberlo. La Comisión Engel propuso el 2015 la exclusividad de la función parlamentaria, y todavía no se legisla, aunque estaba y supongo que todavía está en los planes del actual gobierno abordar este problema. Esto es bastante más importante que las dietas, y está estrictamente relacionado.

Como puede verse, frente a estos macro temas regulatorios, que el Consejo ADP termine dictaminando una reducción de uno, o a lo más – a lo más – dos millones mensuales de la dieta, para tranquilizar a las redes sociales, no hace demasiado sentido. Ustedes tienen entre manos un problema que es mucho más político que técnico, aunque la redacción de la reforma constitucional haya buscado darle en las formas este último matiz. Una suerte de gatopardismo pero elegante e inteligentemente redactado. Cierro reiterando una vez más que no me gusta para nada esta reforma constitucional.

Agradezco mucho vuestra atención y pido disculpas si me excedí en la crudeza sobre los considerandos de esta presentación. Era una oportunidad que no podía dejar pasar.

Mario Waissbluth
Profesor, Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile.
Ex Consejero de Alta Dirección Pública 2004-2010
Integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Modernización del Estado.

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