Por Sergio Arias

Los números y los resultados económicos aceptables, no son suficientes para que la población encuentre conformidad y brinde popularidad a un gobierno. La comentada frase “no fueron 30 pesos, fueron 30 años” da cuenta de este fenómeno.

Durante el periodo aludido, Chile logró reducir la pobreza hasta llegar a un 8% de la población, una gran cantidad de  jóvenes se incorporaron a la  educación superior constituyéndose muchos de ellos en la primera generación que accede a ésta en sus respectivas familias, el crecimiento económico logrado gracias a una conducción eficiente, permitió la creación de una gran cantidad de empleos desde 1990 hasta antes del estallido social, y los fondos provenientes de las cotizaciones previsionales, pertenecientes a cada trabajador, se han incrementado gracias a las inversiones de éstos realizadas por las AFP observándose nítidamente esta situación en las cuentas individuales.

Desde un punto de vista objetivo, estos logros son demostrables y, se deben principalmente al esfuerzo de los chilenos y a la aplicación de políticas económicas bajo un modelo de libre mercado con una fuerte inversión pública, destinada a satisfacer las necesidades de los sectores económica y socialmente más postergados de nuestro país.

Los hechos ocurridos desde el estallido social, dan cuenta que lo que se calificó alguna vez como el éxito chileno, los jaguares de Sudamérica, frases repetidas incesantemente por políticos, analistas y   economistas, correspondieron a una mera ilusión, no porque los resultados fuesen objetivamente falsos, sino porque la población no reconoció el progreso alcanzado, ni se sintió incorporada a éste.

En consecuencia, cabe reflexionar sobre las causas por las cuales se provocó esta desafección, considerándose los resultados favorables experimentados por Chile desde el retorno a la democracia.

Un primer elemento interesante de analizar, dice relación con la no internalización por parte de  nuestros ciudadanos de la estructura conceptual del modelo económico implementado bajo la dictadura militar, que ha regido los destinos de Chile con  énfasis en lo social desde 1990 hasta ahora.

Resulta evidente que al acceder  las personas al ámbito económico, sea a un puesto de trabajo sin calificación profesional o, a empleos que gozan de ésta, la mayoría de las conductas observadas, se traducen en un consumo excesivo, transformándose en un inicio la tarjeta de crédito en un gran aliado y, posteriormente en un gran problema, debido a lo que se conoce como consumismo, problemática nacional aún sin solución.

Un uso adecuado de las herramientas financieras proporcionadas por el sistema, brindaría a los usuarios, una mayor cantidad de recursos económicos; basta considerar  como ejemplo los elevados intereses de las tarjetas de crédito, particularmente las asociadas al retail, en lugar de recurrir al crédito bancario como única herramienta para financiar gastos importantes como equipar la vivienda, emergencia familiar, entre otros. No obstante, la formación de la población en estas materias es una tarea que ninguna entidad, pública o privada, previó ni pensó abordar, favoreciéndose de esta forma los intereses del retail sin considerarse la aplicación de las variables  propias del modelo económico. Más aún se percibió la total ausencia de Estado al permitir el cobro de intereses de naturaleza usurera por parte del retail, contraviniéndose las disposiciones de la ley sobre operaciones de crédito de dinero, situación que ha originado el pago de intereses excesivos, y que pudo evitarse, si el Estado hubiese cumplido su rol sancionador, y además hubiese tomado las medidas orientadas a la formación de las personas en estas temáticas.

Un segundo elemento importante de considerar en este análisis, dice relación con la sensación ambiente que existen chilenos que  resultan invulnerables frente al poder sancionador del Estado. Lo anterior, apunta a que existen personas capaces de influir significativamente ante los estamentos pertinentes, descartándose la aplicación de sanciones para ellos.

Este es el caso de las colusiones, cierta permisividad en la vulneración del medio ambiente, la financiación irregular de la actividad política entre otras prácticas comprobadas, dan cuenta de un trato favorable y desigual respecto a un grupo determinado de la sociedad. No obstante, muy justo es advertir, que no solo reciben un trato diferenciado y favorable quienes están en condiciones de ejercer influencias para lograr los propósitos ya descritos, sino que también quienes delinquen impunemente afectando de manera significativa la seguridad personal de los chilenos mediante portonazos, asaltos, homicidios y verdaderas conductas terroristas en la Región de la Araucanía y en la Provincia de Arauco.

Apreciándose que el sistema constituido por la Reforma Procesal Penal vigente desde 1999 en algunas regiones y desde el año 2004 en todo el país, ha resultado insuficiente y además inapropiado para desempeñar los objetivos que se estima debe cumplir.

Un tercer elemento muy relevante de analizar está constituido por la desconfianza e intolerancia entre chilenos, produciéndose una radical separación en la población, no solo respecto a estilos, modales, formas, sino que también en los aspectos relativos al modo de pensar, observar y sentir la realidad, reconociendo en la diversidad económica y social, una diferencia insalvable entre las personas, considerando la mayoría de las veces como un verdadero enemigo a quien pertenece a un sector social distinto.

La idea de pertenecer a una tribu diferente, genera verdaderas rivalidades que en muchas ocasiones derivan en tratos violentos no solo en el plano verbal mediante ofensas y descalificaciones , sino que también en algunos casos en agresiones de carácter físico, situaciones que pueden apreciarse en diversas circunstancias suscitadas en la vía pública, colegios, universidades y en el ámbito laboral.

Sin duda la dificultad histórica que ha existido en Chile para tolerar y relacionarse de manera adecuada con quien representa una diferencia, se ha incrementado significativamente en este periodo, lo que contribuye a profundizar la división social existente.

Un cuarto elemento esencial de analizar A mi juicio, dice relación con  la gran deuda pendiente en educación. Esta deuda proveniente desde la época de los gobiernos de la Concertación hasta ahora, está constituida por los aspectos de la educación pública que no se tuvieron en cuenta en la formación de las nuevas generaciones de chilenos.

Nuestros niños y jóvenes, no son capaces de comprender lo que leen, desarrollar el pensamiento crítico, realizar análisis certeros que comprendan diversas variables, incluidas las que no aparecen como evidentes en la realidad, ni aceptar la diversidad, ya que  los contenidos curriculares están lejos de proporcionar estas destrezas y conocimientos.

Lo anterior, explica en gran medida los actuales comportamientos de ciudadanos, que desprovistos de los necesarios elementos y fundamentos en sus juicios, constituyen presa fácil de los eslogan existentes y de los vaivenes emocionales, que finalmente determinan sus creencias y comportamientos, pudiendo ser fácilmente manipulados, según los intereses de elites políticas como puede apreciarse hoy en día.

Si nos detuviéramos a conversar reflexivamente con los jóvenes que protestan, situación que he experimentado en algunas oportunidades, podríamos constatar que al solicitarles respuestas consistentes y coherentes sobre sus reclamos y el modo en que ellos creen que podrían encaminarse las soluciones a las problemáticas diagnosticadas por ellos, podríamos apreciar que tienen suficientemente claro lo que quieren: Educación de calidad en todos sus niveles y gratuita para todos, incluidos los jóvenes cuyos padres se encuentran en condiciones de pagarles la educación. No obstante, al interrogarles sobre ¿cómo lograrían ese objetivo? La respuesta inmediata es mediante la financiación del Estado, pero si se les interroga sobre el modo de obtener los recursos en atención a la actual situación de déficit de las finanzas públicas, los gastos comprometidos por ley que debe efectuar el fisco todos los años, la deuda pública y la deuda de las empresas del Estado, lo único que responden es en su momento deberá verse el modo de financiarlo.

La situación descrita, cobra gravedad al constatar que ese mismo tipo de respuestas, es posible encontrarlas en gran parte de la izquierda. Siendo legítimo preguntarnos, ¿realmente piensan cumplir su ideario, sin importar un mínimo razonamiento matemático?. Este tipo de actitudes constituyen entre otros motivos, las causas por las cuales es posible sostener que hace falta verdaderamente estructurar algunas bases de desarrollo para Chile, que se transformen en los pilares del crecimiento de nuestro país.

Esta problemática, no se resuelve con una nueva constitución. Un cuerpo jurídico de esta naturaleza, redactado por una convención constitucional, brindará probablemente una redefinición de derechos y garantías para las personas y una reestructuración de las funciones de los poderes del Estado . Sin embargo, sigue existiendo lo que a mi juicio históricamente ha sido la debilidad de Chile, esto es la falta de una visión estratégica de desarrollo que sirva de fundamento para la formulación de nuevas y mejores políticas públicas, que den cuenta de las necesidades de una sociedad del siglo XXI, el modo de resolverlas y de solucionar los problemas que tenemos como país.

Es importante recurrir a la historia nacional, pudiendo encontrar en ella algunas similitudes que tiene esta época con lo ocurrido bajo el Parlamentarismo. Periodo histórico en que la clase política no se interesó en desarrollar el país mediante los recursos proporcionados por el salitre, sino que su interés estuvo en la presentación sistemática de acusaciones constitucionales, derribar gabinetes, reforzando los innecesarios conflictos y peleas de poder. Al finalizar la época de gloria del salitre, nuestro país se encontró sin divisas, constatándose que la riqueza del periodo anterior no se aprovechó, apareciendo la denominada cuestión social, desperdiciándose una gran oportunidad para haber desarrollado Chile mejorando las condiciones de vida de los sectores socialmente postergados.

Una situación análoga es la que vivimos actualmente, ya que si observamos el descuido en el gasto de los recursos públicos ocurrido los últimos años, podemos constatar que durante el último gobierno de Bachelet, la deuda pública se duplicó en 4 años sin estallido social ni pandemia. Asimismo, durante su primer gobierno, se rompió la regla del superávit estructural creada por el ministro Eyzaguirre bajo el Gobierno del Expresidente Lagos, pudiendo citarse variados ejemplos de despilfarro de dinero.

En consecuencia, no es suficiente el crecimiento económico, el uso adecuado de los recursos públicos para garantizar la estabilidad, la satisfacción de las necesidades de los grupos socialmente postergados, sino que también se requiere una capacidad de liderazgo en la clase política, que complementando y respetando sus naturales diferencias, genere bases comunes de desarrollo, reemplazando el eslogan facilista y mentiroso por la transmisión de las ideas que servirán de base a nuevas y mejores políticas públicas que las hasta ahora existentes.

Un liderazgo de este grupo en la vida política y en otros ámbitos relevantes de la vida nacional, de esta naturaleza no se aprecia en la actualidad. Sin embargo se requiere de modo urgente para evitar los errores que hasta acá hemos conocido. Errores propios de una clase política inmadura y una sociedad adolecente incapaz de reclamar mediante el uso de la razón sino solo desde la emoción.

Por Sergio Arias, Egresado de Derecho UC, Experto en Discapacidad y en temáticas de Inclusión laboral de personas con discapacidad, empresario y ex Vicepresidente de la Unión de Ciegos de Chile UNCICH y Ex Director de ChileCAP

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