Justa Montero, Laia Serra y Violeta Assiego debaten, en una charla en Traficantes de Sueños, sobre qué debe ser la justicia feminista.

¿Qué es eso de la justicia feminista? Tras un año en el que la respuesta judicial a las agresiones machistas se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda social y mediática, cabe preguntarse cómo los feminismos se posicionan, qué reclaman y qué rechazan. “Abrir las preguntas fundamentales para pensar todas juntas”, como ha apuntado Haizea Miguela Álvarez. Ella ha sido la moderadora de una charla celebrada en Traficantes de Sueños, el pasado 16 de enero, que ha reunido a la experta en género y miembro de la Asamblea Feminista de Madrid Justa Montero, a la abogada penalista y activista feminista Laia Serra, a la abogada e investigadora en derechos humanos y vulnerabilidad social Violeta Assiego, y al centenar de mujeres que lograron entrar en la sala, que se quedó pequeña para esta charla.

“Hemos conseguido que sea unos de los debates principales en la agenda social y política, pero nos preocupa que se utilice para legitimar medidas punitivistas, que son medidas que en lugar de ayudar a solventar los problemas pretenden hacer un cierre rápido de realidades muy complejas”, ha introducido Álvarez como punto de partida de este debate. Y es que, en los últimos meses, no hay partido político que no haya propuesto una nueva reforma del Código Penal—ya van 28 desde su promulgación en 1995— en relación a los delitos de violencia machista, con Vox con la apuesta más dura: prisión permanente revisable para violadores.

“Aquí no vamos a plantear medidas concretas, pero sí a reflexionar sobre algo que genera a muchas cierta intranquilidad y angustia: ¿qué podemos hacer para que las mujeres vivamos libres de violencias machistas?”, ha comenzado Justa Montero, quien ha señalado que aunque en la actualidad “el feminismo tiene más fuerza que nunca, la violencia sigue marcando la realidad de la vida de muchas mujeres”. La experta en género ha alertado de los discursos negacionistas y de las resoluciones judiciales que constatan que “la justicia no nos protege suficientemente”, y también de que las movilizaciones realizadas desde el ámbito feminista han conseguido cosas de mucho calado. “La movilización que hubo en todo el Estado a partir de la violación múltiple —explica en referencia al caso de La Manada— dio soporte al testimonio individual de muchas mujeres y actúa como efecto reparador de las mujeres a las que han violado y de otras muchas mujeres”, ha añadido.

“Tendríamos que pensar en dónde poner el foco o qué es la justicia feminista, qué lógicas impulsamos, y ahí entra el debate sobre justicia feminista y punitivismo”. Montero ha subrayado que la justicia feminista debe partir del principio básico de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, siguiendo el ejemplo del movimiento de memoria histórica y contra la impunidad de los crímenes del franquismo.

“¿Qué tiene que ver la justicia feminista con el sistema penal?”, se pregunta también Montero, quien ha recordado que en la actualidad se están planteando cambios penales siguiendo una dinámica punitivista, que establece el incremento de las penas como el marco más idóneo para dar protección a las mujeres. Algo que considera ineficaz: “La idea del aumento permanente de las penas es lo que se llama populismo punitivo, decir lo que se piensa que las mujeres quieren oír y no atender a una realidad mucho más compleja”.

“No es que no deban existir medidas penales, pero se están dejando de lado en la práctica las medidas en el terreno educativo. Desde 2004 estamos planteando la necesidad de un cambio sustancial en materia educativa, pero no solo no se hace sino que parece que la derecha y la ultraderecha está ganando terreno”. Montero también ha señalado como un paso importante en la lucha contra la violencia machista la adopción de medidas que profundicen la laicidad: “Esto normalmente se deja de lado y lo que opera es el Código Penal, pero la realidad muestra la escasa eficacia de las medidas punitivas, la falta de eficacia de la cárcel como instrumento de reinserción social. No es disuasoria y no sirve para transformar a las personas”. Y añade: “El sistema penal tiende a hacer del problema social de igualdad de las mujeres un problema de control de delitos. Lo hace algo individualizado y se desplaza el foco de las causas que motivan las violencias y del cambio estructural y radical que se requiere”.

Como plantea Angela Davis, “hay que ir por otros derroteros, contextualizar de dónde vienen las violencias y tener claro a dónde llevan las dinámicas punitivistas”, ha continuado Montero, quien considera que también hay que hablar sobre sexualidad. “La lucha contra la violencia tiene que ir unida a la lucha por la libertad del placer sexual de las mujeres y de las distintas entidades de género. Si no, se corre el riesgo de convertir en tabú el placer sexual y la invalidación de las mujeres como sujetos”. Sobre esto, ha hecho referencia a los estudios de Nerea Barjola sobre el caso de Alcàsser, su tratamiento mediático, y cómo “se genera un terror sexual que no sirve para proteger a las mujeres pero sí como advertencia del privilegio masculino”, ha subrayado.

La siguiente en hablar ha sido la abogada penalista Laia Serra, que ha comenzado puntualizando cómo este es un debate político, ético y, en su caso, también profesional porque aparece en la toma de decisiones en el día a día en muchos de los procesos en los que interviene.

“Cuando se habla sobre punitivismo se tiende a ver cómo las mujeres nos enfrentamos a procesos de violencia y no se reivindica que todas las mujeres que atraviesan procesos de violencia son activas en el plano personal y político”, ha afirmado la abogada. “Hay muchos momentos de toma de decisión, sobre si pides prisión, sobre cómo abordas la presión, sobre a quién denuncias… Las mujeres que denuncian violencia actúan con un alto componente de responsabilidad política y social”, añade. “La cuestión es mucho más compleja de si pedimos seis o doce años”, ha señalado en cuanto al aumento de condenas que partidos como Vox piden para los casos de violencia machista. “Detrás de los debates se enmascaran ideologías, valores y sistemas de opresión”, ha continuado.

Serra ha recordado cómo, de cara a sucesivas reformas del Código Penal, “la protección de las mujeres, de las víctimas, los casos mediatizados, han sido la justificación política de izquierdas y derechas”. “Nadie quiere dar la espalda a las víctimas y todas las formaciones políticas quieren apropiarse del dolor de las víctimas”, ha añadido. “No sé hasta qué punto las feministas hemos gritado suficientemente alto ‘no en mi nombre’”, ha subrayado, tras hacer referencia a los análisis del Código Penal realizados desde el Grup de recerca Antígona.

También ha incidido en cómo la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género “entregó al derecho penal el problema de la violencia y la desigualdad”. «Hay muchos debates abiertos, por ejemplo, la normativa internacional y nacional prohíben la mediación. Esta prohibición es acertada en la violencia por parte de la pareja o expareja, en la que la dinámica de la violencia invalida la construcción de una resolución en libertad e igualdad de condiciones. ¿Pero en otras violencias machistas, como en las agresiones sexuales fuera del marco íntimo, también es un acierto? ¿Las mujeres estamos ganando o perdiendo autonomía con estos corsés que nos impone la normativa?». Serra ha puesto como ejemplo a las mujeres politizadas que hayan podido sufrir agresiones machistas y que, aunque quieren reconocimiento y verdad, no quieren entrar en el “proceso chantajeador que suponen también las cárceles”. “No tiene ningún sentido reformar el Código Penal sin cambiar la cultura política de fondo. Llevamos demasiado tiempo con esta alianza, incluso como profesionales como nosotras, que nos vemos redactando leyes que luego nos roba el gobierno”, ha surbayado. “En las violencias intervienen muchos factores, no se pueden abordar desde la asepsia del bueno, el malo, el agresor y la mujer agraviada”, ha resaltado Laia Serra.

La abogada también ha precisado cómo el racismo se cuela en los juicios por violencias machistas con preguntas, por ejemplo, sobre el origen del agresor: “Si la justicia feminista se distingue por algo es porque tiene que haber un debate ético detrás, una interpelación a la comunidad, y tenemos que encontrar un sistema en el que denunciemos que el único camino que se nos ha dado es el del sistema judicial. ¿Cómo vas a pensar en justicia feminista habiendo leyes de extranjería y leyes mordaza?”.

La importancia de la reparación

Serra ha continuado señalando el tema de la reparación y citando el caso de la la Manada de Manresa, en el que los cinco violadores de una joven de 14 años fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años, pero por delitos de abuso sexual, no por violación. “Me quedé muy sorprendida porque habló todo el mundo de todo y nadie denunció que una violación múltiple a una menor se compense con 12.000 euros de mierda. Esto tiene también que generar un debate, la reparación”, ha dicho respecto al mediático caso. Pero no solo habla de reparación en cuanto a dinero. De hecho, ha explicado que en los casos de violencias machistas que trata como abogada, cuando exige que el acusado pida perdón en la sala en la que se celebra su juicio, “los jueces flipan y piden que no hagamos perder el tiempo”.

En su intervención, Violeta Assiego, abogada e investigadora en derechos humanos y vulnerabilidad social, también ha hablado de la importancia de que “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición no es venganza es no impunidad”. Y hace referencia a la cuestión de la reparación señalada también por Serra. “No solo en lo económico, sino en lo simbólico,: nos están arrebatando el minuto de silencio, y esy eso es el ámbito de reparación de una víctima en lo simbólico. Es una vulneración del derecho de reparación de las víctimas. El derecho de reparación es sagrado y en lo simbólico más, porque en ello hay mucha sanación”, ha afirmado en relación al boicot del minuto de silencio por parte de Vox.

En cuanto a la garantía de no repetición, Assiego ha indicado que esto “no es encerrar a un señor en la cárcel”. “Las cárceles no son la solución porque, además, son sistemas racistas, fascistas, machistas… Es apartar los problemas y castigar a las personas con menos oportunidades”. Pero, según ha añadido, “esto no exime de responsabilidad ni de culpa”. “Es importante reivindicar el dolor de las víctimas”.

Assiego, quien comenzó citando a la antropóloga Rita Segato como “madre intelectual”, ha subrayado que “la justicia feminista no es justicia penal”, porque “se tiene que construir desde la lógica de los derechos humanos”. Y cita el término “‘justicia social”’, que “tiene que ver con las políticas públicas, con los cuidados”. Por ello,  ha apuntado como importante buscar fuera de los juzgados ámbitos que “tienen mucho de construcción de ese feminismo que igual mucha gente no sabe que está haciendo”. Se refiere a los espacios donde se construyen los vínculos a pesar del sistema y la estructura: “A veces, las estructuras que supuestamente están construidas para ayudar son las que están obstaculizando”. Por eso ha destacado también el “momento de agotamiento y precariedad actual”. “Son emociones que tenemos todos y son el semillero perfecto para los miedos e inseguridades y para que, cuando llegue un salvador con un discurso fascista, simplón y de mano dura, haya personas que quieran abrazarlo”. La investigadora ha apuntado al sistema capitalista y competitivo, que “obstaculiza que la gente se pueda parar a pensar más allá de la solución rápida”. Y ahí ha localizado lo que caracteriza al feminismo, su apuesta por invertir en en los vínculos en lugar de sacrificarlos, como apuesta el sistema capitalista.

“Cuando hablamos de justicia feminista hablamos de construir la resolución de conflictos desde otro lado, de forma muy diferente a la que propone la otra justicia, muy masculinizada, patriarcal, que no tiene en cuenta las voces de las mujeres. Con justicia feminista pienso en leyes y procesos más justos, no en más cárcel”, ha afirmado Violeta Assiego. La experta ha puesto como ejemplo una escena que se vio en la manifestación del 25N en Granada, en la que un hombre se dirigió a las mujeres que tocaban en una batukada armado con un cuchillo. Dos de las manifestantes redujeron al hombre armado, al que después cogen y comienzan a golpear agentes de policía: “Desde la propia manifestación se grita a la policía que no le golpee, y es una manera muy rápida de ejemplificar qué es lo que queremos: no queremos que les peguen, pero tampoco que nos agredan”.

También ha apuntado la necesidad de ampliar el foco de lo que es la justicia más allá del sistema penal: “Está el orden administrativo, el civil, en los que se dirimen causas que nos afectan a las mujeres. Cuando llegamos al penal, como sociedad hemos fracasado. Es el fracaso de la educación, de las políticas públicas, de los vínculos… Es el reflejo de que la sociedad está podrida”. Assiego ha señalado también la necesidad de redactar leyes que sean comprensibles por cualquier persona y, por último, ha reflexionado sobre el derecho penal, un tipo de derecho nacido en el nazismo muy presente en la justicia punitiva que se presenta desde ciertos partidos políticos como solución a las violencias machistas. Este derecho penal “dice que hay un enemigo del Estado y que no es persona, y, como tal, no tiene derechos. Al final criminalizas a un sujeto en vez de juzgar unos hechos. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de la justicia feminista”.

“Me parece peligrosa la justicia punitiva y el uso que hace Vox de ella, parece el caballo de Troya con el que usar la violencia sexual contra las mujeres para entrar en la lógica del derecho penal del enemigo para criminalizar a los catalanes, a los menas, a los extranjeros, a los comunistas”, ha concluido.

Los aportes del público

Tras las palabras de Assiego, ha comenzado la ronda de intervenciones de las mujeres que han asistido como público. “La ley integral cargó las tintas en la sanción y se olvidó del trato a las víctimas y de la investigación judicial, que es fundamental, casi siempre la impunidad es la regla por la dificultad para demostrar los hechos”, ha afirmado una de las mujeres asistentes a la charla Tras ella, ha tomado la palabra María Lobo, psicóloga que trabaja con agresores, quien ha incidido en el tema de la mediación en casos de violencias machistas —actualmente prohibida por la Ley 1/2004— señalando un artículo publicado en 2011 que explica cómo esta herramienta puede ser útil en determinados casos de violencia machista. “Desde la psicología, pensar que en todos los casos lo que explica la violencia es el patriarcado pero omitiendo otros elementos es uno de los puntos complejos. En algunos casos en los que aparece violencia en las parejas el patriarcado lo explica, pero en otros casos es un mar de fondo y hay otros elementos que intervienen, e influyen muchos los roles de víctimas y agresores”,  ha señalado Lobo.

La siguiente intervención ha sido para denunciar cómo “el circuito de atención a las víctimas de violencia machista no está bien articulado”. “Se tiene que hacer más investigación interdisciplinar sobre por qué una mujer acaba haciendo o no una declaración”. La mujer  ha explicado que llevó a cabo un estudio con mujeres migrantes en Barcelona en el que se mostraba que un alto porcentaje no denunciaba casos de violencia machista: “Nos dimos cuenta de que hay varias cosas además del miedo y el desconocimiento: cuando tenían hijos, tenían miedo a la respuesta de las instituciones sobre los menores”.

Otra de las mujeres que han acudido como público ha expresado cómo la ha conmovido escuchar que muchas veces lo que se necesita por parte de mujeres que han sido víctimas de violencia machista es una disculpa. “Yo he atendido a mujeres aymaras que han sufrido violaciones hace 20 años, y me parecía entonces extraño que ellas lo que pedían era eso, disculpas públicas. Creo que eso es la justicia comunitaria, que puede ser un aporte a esta justicia feminista, poniendo en el centro a la mujer agredida y quitando el punitivismo o reduciendo su carga”.

“Planteamos que la cárcel no sirve para nada, pero, por otro lado, no tenemos otra propuesta. Mi madre diría: ‘Qué hacemos con ese agresor’. ¿Tenemos herramientas pedagógicas para trabajar con ese agresor?”, ha apuntado Sara Naila, de la Comisión 8M, también desde el público. “Hay una especie de vacío que no sabemos cómo resolver. A mí, como estudiante de derecho y filosofía, hasta el derecho me parece inaccesible e incomprensible por parte de la población. Creo que las mujeres no ven como solución acudir a un abogado. Es importante la articulación en los barrios para que en el centro social del barrio se encuentre una respuesta común frente a la agresión”.

Tras Naila, otra de las mujeres del público ha hecho referencia nuevameente a la sentencia del caso de violación de la Manada de Manresa. “¿Una indemnización de 12.000 euros a una menor por cuatro felaciones y cuatro penetraciones?”, ha resaltado tras comparar esta indemnización con la recibida por el futbolista Leo Messi, de manos del periodista y tertualiano Francisco Marhuenda, de 64.590 euros por haber insinuado que se dopaba. “Poca gente dijo también que el tribunal fue tremendamente comprensivo con un señor que, mientras ocurría eso, se masturbaba, sin atender al deber de socorro. Yo soy magistrada, aunque ahora estoy en otras batallas. Y cuando a los profesionales del derecho no se nos entiende es porque no queremos que se nos entienda, hay mucha gente que no quiere una sociedad formada e informada”, ha finalizado.

Carmen Romero, integrante del Punto Violeta Somosaguas de la Universidad Complutense, ha resaltado que en los casos denunciados en el ámbito de la universidad, a pesar de que existan protocolos de actuación ante violencias machistas y se decidan castigos, muchas veces no se aplican: «Los protocolos son una herramienta que no tiene efecto. En casos de profesores denunciados a través del protocolo en los que se ha decidido que habían acosado y no se llega a ninguna sentencia porque ¿cómo se va a expulsar a este señor? Muchas de las personas que además de estar en el Punto Violeta hemos hecho peritaje de acoso abogamos por otras medidas, pero no hay un marco en el que generarlas. Tenemos que ser capaces de inventarlo”.

Laia Serra ha contestado a algunas de las intervenciones, comenzando con el papel de la judicatura. ¿Son sentencias que calculan penas o que tienen la intención de dar una lectura comprensible, leída y tener efecto reparador?”, se pregunta. Y también se responde: “Tú puedes llegar a no dar la razón en la parte dispositiva pero no cuesta nada decir que has creído a la mujer. Basta ya de jueces en su altar haciendo aritmética, están para dar un servicio a la comunidad y respuesta a problemas sociales”. Respecto a la intervención sobre la necesidad de respuestas desde los barrios a las violencias machistas, Serra ha sostenido que muchas veces, sin especialización y desde la buena fe y el compromiso, podemos acabar generando desastres muy tremendos”. También ha señalado la dicotomía que surge cuando estas agresiones machistas se dan en espacios de militancia: “Cuando le pasa a la vecina del quinto parece que esa complejidad no existe”.

Assiego, por su parte, ha reiterado la importancia de que las mujeres agredidas sean las que tengan el protagonismo en el proceso y ha terminado reivindicado las políticas públicas como fórmula. Sobre este tema, ha recomendado la obra de Silvia López y Lucas Platero Cuerpos marcados. Vidas que cuentan y políticas públicas. “Ahora que tenemos un Gobierno progresista hay que exigir políticas públicas y no tanta reforma del Código Penal”,  ha reclamado. Violeta Assiego ha apuntado, por otra parte, que a la Ley 1/2004 “hay que sacarle la parte que no tiene que ver con el tema penal, sino con el cambio de cultura”. “Las violencias necesitan cambios de cultura, no leyes penales”, ha insistido. “Justicia feminista es que por fin ratifiquemos el Convenio 189 [de la Organización Internacional del Trabajo]. Ahí también se hace mucha justicia, y también que con los extranjeros se deje de hacer derecho penal del enemigo, lo que tiene como mayor ejemplo los CIE. Y que no nos controlen la libertad sexual: a mi me gusta ser libre, pero no al estilo de Rocio Monasterio”.

Justa Montero ha puesto el punto final a la charla señalando también a la Ley de Extranjería: “La situación de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular es extrema en relación al acceso a la justicia”. Finalmente, ha subrayado la necesidad de hablar de la integralidad de las políticas públicas en materia de violencia y de que se aborde “de una vez en serio, de forma valiente, decidida y clara, el tema de una ley educativa en la que se contemple la educación afectiva sexual en condiciones”.

Por Ter Garcia para Pikara Magazine 29 de Enero 2020

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