Resumen: Este trabajo tiene por objeto examinar el concepto de justicia social aportado por Iris Marion Young, con el que la escritora contribuyó a renovar la vigencia del movimiento feminista. A pesar de que el mayor protagonismo recaerá sobre su propuesta de la diferencia y la parcialidad (especialmente en lo que tiene que ver con la opresión a que se ve sometida la mujer), también tendrán aquí cabida las tendencias académicas que sedujeron a Young en sus últimos años, llevándola a preocuparse por los problemas de justicia transnacional. Pretendo así reivindicar el papel desempeñado por la teórica a la hora de entender el feminismo como una cuestión de justicia global.

Por Tamara Palacio Ricondo para Eikasia. Revista de Filosofía, año V, 39 (julio 2011) http://www.revistadefilosofia.com. Encuentre aquí el artículo original.

Introducción

Lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, el movimiento feminista ha sufrido en las últimas décadas una importante revitalización que ha convertido a los movimientos en pro de la mujer en motor de numerosas reivindicaciones sociales. Han sido especialmente dos los frentes que han hecho de estos movimientos un protagonista indiscutible, tanto social como políticamente hablando. Por una parte, las discusiones sobre cómo debe entenderse la justicia han ocupado gran parte de la literatura feminista, preocupada por determinar quiénes deben involucrarse en la toma de decisiones y cuáles son los mejores procedimientos a la hora de resolver los conflictos de tipo político. Por otra parte, pero en estrecha relación con esta preocupación por las cuestiones de justicia, nos encontramos con las nuevas oleadas de movimientos sociales que, en un contexto en el que las fronteras territoriales han comenzado a cuestionarse, reivindican la ampliación y correspondiente redefinición de la esfera pública en un intento por extender más allá de los límites nacionales los derechos civiles y políticos de las mujeres.

Es precisamente en el seno de estos intentos por determinar qué es la justicia, quién queda dentro de sus límites de aplicación y cómo deben establecerse las reglas del juego político donde se inserta nuestro interés por Iris Marion Young (1949-2006), una de las más importantes teóricas políticas feministas de los últimos tiempos, cuyos revolucionarios planteamientos han sido fuente de inspiración para activistas y movimientos sociales comprometidos con una mayor democratización de todos los aspectos de la vida cotidiana. Concretamente, es su obra de 1990 Justice and the Politics of Difference el trabajo que mayor importancia cobró en este sentido, por ser donde Young aportó una nueva visión de la justicia con la que trataba de repolitizar la esfera pública y democratizar los organismos institucionales.

Su peculiar postura al respecto queda definida, en la obra citada, tomando como punto de partida la larga tradición de la teoría crítica y por oposición a los dos modelos hegemónicos que han sentado las bases del debate político moderno y contemporáneo: el paradigma distributivo de la justicia social y el ideal político de la imparcialidad. Puesto que su intención es hacer compatible la democracia con la parcialidad y la diferencia culturales, Young se rebela contra estos dos pilares fundamentales de nuestras democracias occidentales, a los que supone articulados en torno un ideal común de asimilación. En clara confrontación con este ideal, la profesora de la universidad de Chicago aporta una posible alternativa política, centrada en la pluralidad y la heterogeneidad de la esfera pública, cuyo pilar central se encuentra en las políticas de la diferencia.

Acerca de estas últimas políticas trataré en este ensayo, cuyo principal objetivo es analizar las categorías y conceptos vertebradores de la noción de justicia formulada por Young. La preocupación por estas cuestiones de justicia nace de la idea de que la situación de la mujer, no sólo a nivel nacional, sino a escala global, es consecuencia de numerosas injusticias institucionalizadas que requieren de una urgente solución. Esto precisamente, el entender el feminismo como una cuestión de justicia transnacional, hará derivar el interés del ensayo hacia los últimos trabajos de Young, en los que la justicia es entendida más allá de los límites nacionales. Al mismo tiempo, sin embargo, se tratará de hacer explícitas aquí las limitaciones de esta noción de justicia global, cuestionada en sus fundamentos por autores que se adhieren a modelos cosmopolitas.

De forma general, el presente ensayo se divide en cinco apartados.

En el primero de ellos, “El paradigma distributivo. Funciones ideológicas del modelo posesivo”, plantearé las principales críticas de Young a las concepciones finalistas de la justicia en las que se atiende, fundamentalmente, a la redistribución equitativa de los bienes materiales. Serán tres los aspectos a los que me referiré en la medida en la que hacen de las políticas redistributivas un análisis demasiado superficial de las injusticias institucionales; a saber, los procedimientos para la toma de decisiones, la división del trabajo y los símbolos y significados culturales.

En el segundo epígrafe, “Las categorías de la opresión y la desigualdad de género”, atenderé al concepto de “opresión” formulado por Young y cómo éste se encuentra en numerosas prácticas cotidianas que atentan contra la autonomía y el pleno desarrollo de las capacidades de las mujeres.

A continuación, en “La imparcialidad como modelo de asimilación y eliminación de la diferencia en la esfera pública”, me centraré en la crítica de Young al ideal de imparcialidad, ante el cual reivindica una noción positiva de la diferencia y la heterogeneidad en los espacios públicos, esenciales ambas para la consolidación de la democracia y la eliminación de la injusticia.

Este punto será ampliado cuando en “Las políticas de la diferencia” trate acerca de esta alternativa política propuesta por Young, a través de la cual trata de superar los límites tanto del modelo distributivo como del ideal de imparcialidad. Algo que, como veremos, solo será posible en la medida en que adoptemos un modelo que cuestione las diferencias sociales en su estructura misma, lo que Young define como “politics of positional difference”. Finalmente, en “El cuestionamiento de las fronteras. Una teoría de la justicia global”, remitiré a los últimos trabajos de Young, en los que emprendió la tarea de hacer de los movimientos sociales agentes políticos comprometidos con una revolución cultural e institucional a nivel transnacional.

1. El paradigma distributivo. Funciones ideológicas del modelo posesivo.

El enfrentamiento entre las políticas de la redistribución y las políticas del reconocimiento ha sido el factor definitorio de la mayor parte de los debates contemporáneos sobre la justicia. Frente a autoras como Nancy Fraser, quien apuesta por la combinación de ambos puntos de vista en un único modelo dual de la justicia social, Young ha optado por la preeminencia de uno de estos ejes, pasando a convertirse en una de las principales representantes y defensoras de las políticas de la diferencia. Aun cuando las teorías de la justicia buscaban el reparto equitativo de bienes y cargas entre los miembros de la sociedad, Young comenzó a oponerse a dicha identificación entre justicia y distribución. Frente a este “modelo posesivo” de la justicia, presente tanto en los enfoques liberales capitalistas como en aquellos otros de tipo socialista o marxista, Young consideró más importante atender no ya a la propia distribución de los bienes materiales, sino a los mecanismos por medio de los cuales ésta tiene lugar así como al contexto institucional que lo favorece. Al afirmar que “los conceptos de dominación y opresión, antes que el concepto de distribución, deberían ser el punto de partida para una concepción de la justicia social”, trató también de poner de manifiesto que el paradigma distributivo al que tanto han recurrido los teóricos en su afán por eliminar las diferencias sociales cumple, en el fondo, una importante función ideológica en el más estricto sentido marxista del término.

Retomando el concepto de ideología como el conjunto de ideas que presentan el contexto institucional en que surgen como natural o necesario, Young nos desvela dos problemas que, bajo el prisma de las políticas redistributivas, más que eliminarse o erradicarse parecen reforzarse. En primer lugar, el paradigma distributivo pasaría por alto el análisis de las estructuras sociales que condicionan las medidas distributivas, inclinándose la balanza a favor de las cuestiones de tipo práctico en detrimento de las de tipo procedimental, a pesar de ser estas últimas centrales en numerosos casos de injusticia social que, por ser de carácter simbólico y cultural, no pueden reducirse a cuestiones meramente distributivas. En segundo lugar, el paradigma distributivo no reconocería los límites de su aplicación lógica pues -si como afirma Rawls- la justicia consiste en la correcta distribución de derechos y deberes, el paradigma distributivo se extendería a cualquier valor social que, en las cantidades apropiadas, pudiera ser poseído por los agentes sociales, con total independencia de que nos estemos refiriendo a derechos, oportunidades o, en un caso extremo, a la autoestima y el poder de los individuos. Todos estos aspectos de la vida social a los que nos venimos refiriendo serían entendidos por esta conceptualización finalista de la justicia, sin distinción alguna, más que como relaciones e interacciones sociales, como objetos, puesto que el paradigma distributivo se encuentra asociado a una ontología social incompleta así como a un modelo estático de lo social. Al pasar los individuos a ser vistos a la manera de átomos, completamente independientes del contexto social en que se encuentran y, por lo tanto, anteriores a las instituciones sociales de las que forman parte, nos encontramos ante una concepción de la sociedad extremadamente acotada o restringida en la que el valor de los procesos y de las relaciones sociales se torna completamente irrelevante. Son consecuencias materiales de este planteamiento, según Young, la fragmentación de la vida social en pequeños grupos de interés y la privatización de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos; o, dicho de manera más general, la despolitización de la esfera pública que tiende a la producción y reproducción de ciertas injusticias presentes en nuestras sociedades de bienestar capitalista.

Con objeto de hacer frente a esta naturalización del status quo y del discurso político a que atiende el modelo distributivo, Young pone en entredicho los eslabones que permiten mantener fuertemente unida la cadena del poder. Para ello cuestionará

(1) los actuales procedimientos de toma de decisiones,

(2) la división del trabajo y, finalmente,

(3) los distintos símbolos y significados culturales.

De este modo pone en entredicho el contexto institucional en que se insertan las medidas redistributivas, las cuales lo asumen como dado sin plantear posibles alternativas a través del cuestionamiento de sus principios más básicos y fundamentales.

(1) Los procedimientos de toma de decisiones

La sociedad capitalista de bienestar es el contexto en que más se ha discutido acerca de la sustancia de la justicia. No debemos olvidarnos de que estos intensos debates se han desarrollado bajo el imperio de las políticas distributivas. No es de extrañar si tenemos en cuenta que en el seno de estas sociedades han pasado a ser considerados principios fundamentales el que la sociedad, con vistas a la maximización del bienestar colectivo, sea responsable de la regulación económica, el que prevalezca el derecho a que aquellas necesidades básicas de toda persona sean satisfechas, y el que los procedimientos institucionales sean impersonales, garantizando al máximo la igualdad formal de todos.

Sin la menor intención de negar la importancia que estos principios han tenido en el proceso de democratización de nuestras sociedades de bienestar, Young apunta a su especial contribución a la hora de despolitizar la esfera pública, haciendo que, cada vez más, lo político se defina por analogía al mercado. Apelando al rótulo de “sociedad reglada”, Young llama la atención sobre el hecho de que los trabajadores, dentro del conjunto social donde prima el control burocrático, no necesitan involucrarse a la hora de tomar decisiones, puesto que los fines de su actividad están pautados por la propia gestión burocrática. El individuo en cuestión únicamente debe adaptarse a la “ética de la profesionalidad” que le es propia en función del cargo que desempeña, permaneciendo fiel a las normas previamente establecidas y en función de las cuales las decisiones son evaluadas, no por ser correctas o injustas, sino por su validez legal. El verdadero problema de todo esto se da cuando nos topamos con lo que Habermas denominó “colonización del mundo de la vida”, lo cual parece ser el centro de atención de las críticas de Young cuando atiende a nuestras actuales sociedades del bienestar capitalista. Y es que hemos llegado a un punto en que nuestras políticas son resultado de la competencia y la negociación establecida entre los diferentes grupos de interés. Lejos de lo que puedan suponer los modelos formales, no es la persuasión la que determina cuáles son las mejores medidas o cuáles son las decisiones más justas, pues el elemento deliberativo que debiera orientar las cuestiones de interés colectivo queda pervertido, al ser los ciudadanos excluidos de los procedimientos para la toma de decisiones, en la que primaría, en realidad, la razón técnica o instrumental, carente de toda carga valorativa.

Ante esta mercantilización de lo político, y por oposición al paradigma distributivo, Young apuesta por una democratización de las instituciones, no únicamente entendida como la distribución del poder, sino como una “reorganización de las reglas para la toma de decisiones”. Se trata así de cuestionar a las instituciones vigentes y de plantear, a través de la discusión pública y abierta, posibles alternativas con miras a repolitizar la vida social. Algo que ya fue reivindicado por diversos movimientos sociales de insurrección que trataban de limitar el poder del Estado, y que fueron de tanta influencia desde su fundación, en los años 60, que, desde entonces, la política que defienden ha quedado definida por su radical oposición a las instituciones vigentes, preocupadas por reabsorber las demandas de los movimientos de insurrección a favor de su propio status quo.

(2) La división del trabajo

Young pone de manifiesto su oposición a los actuales criterios de cualificación, que permiten la división del trabajo entre quienes están cualificados y quienes no lo están, cuando afirma que, “dado que el ocupar cargos y puestos de trabajo afecta fundamentalmente al destino de los individuos y las sociedades, la toma democrática de decisiones sobre estos temas es una condición esencial de la justicia social”.

Entre los criterios de cualificación a las que se opone abiertamente habría que destacar el mérito, según el cual es común suponer que los mejores empleos deben asignarse a quienes están mejor cualificados, asumiéndose con ello el igual valor moral y político de las personas. Ello supone, para autores como James Fiskhin, la garantía de que, a la hora de seleccionar a los empleados y trabajadores, se respete la equidad procesal, mientras que para otros como John Rawls la asignación de los empleos en función de la cualificación personal es tan arbitraria como la distribución de los puestos en función de la raza o el sexo, pues el individuo es tan poco responsable de sus capacidades como pueda serlo de estos últimos factores. De modo que, tomando en cuenta esta crítica rawlsiana, pero yendo aún más lejos, Young señala que la idea de un criterio del mérito objetivo es tan utópica como pueda serlo el ideal de imparcialidad. Señala fundamentalmente tres problemas al respecto: en primer lugar, los trabajos son demasiado complejos como para evaluar su correcto desempeño de una forma neutral; en segundo lugar, es muy difícil determinar cuál es la contribución de cada uno de los miembros de la organización industrial o administrativa, así como poder precisar cuáles hubieran sido los resultados si el trabajador hubiera actuado de otro modo (o simplemente no hubiera intervenido); y, finalmente, debemos tener en cuenta que la división del trabajo implica, por lo general, que quienes son encargados de evaluar el trabajo de sus subordinados no están familiarizados con la tarea en cuestión.

Por todo ello, el criterio del mérito nunca puede medir de manera imparcial la productividad o las capacidades de un trabajador. Mas bien, nos encontramos ante un criterio de tipo político en la medida en que valora y jerarquiza determinadas cualidades y aptitudes que debieran quedar sujetas a un debate público, donde se discutiera, por ejemplo, quiénes tienen autoridad para determinar cuáles son las capacidades adecuadas para un determinado cargo o quiénes disponen de las capacidades necesarias. Sólo en un debate de este tipo podría quedar garantizada la equidad en la toma de decisiones, los criterios serían explícitos y públicos y ningún grupo permanecería excluido para que, de este modo, la cualificación de los individuos fuera completamente independiente respecto de determinados valores o una cultura específica. La excepción, es decir, el otorgar cierta prioridad a los miembros de un grupo definido, únicamente podría darse si con ello se lograra socavar la opresión. Con esta crítica Young no trata de cuestionar la especialización como tal o la posibilidad de la paga diferenciada, sino que trata mas bien de poner en entredicho la distinción entre los llamados bienes dominantes, o la planificación de las tareas, y la propia ejecución de las labores según lo dispuesto por los especialistas, que en razón de su cargo tendrían el derecho a un sueldo mucho más elevado, a un mayor prestigio y un mejor acceso a los recursos. Punto de vista éste en el que la justicia social requiere de una democratización del trabajo que corra pareja a la democratización misma de la esfera pública y del Estado, para así permitir a todas las personas ejercer sus capacidades con plena libertad en espacios socialmente reconocidos.

(3) Símbolos y significados culturales

A la hora de cuestionar los símbolos y significados culturales que favorecen la discriminación sistemática de determinados grupos, marcados y estigmatizados como “los otros”, Young apela a la constitución de la racionalidad moderna. Permanece, en este sentido, muy próxima a las reflexiones de autores como Foucault acerca de la razón científica moderna que, al instaurar la idea de un sujeto trascendente e impersonal, habría contribuido de manera directa a la eliminación de la particularidad y la diferencia. Tal proceso de homogeneización y exclusión -según los propios términos de Foucault- serviría a la imposición de los valores pertenecientes a aquellos grupos privilegiados, cuyos caracteres quedarían recogidos en jerarquías y metáforas en las que se mantienen, de forma implícita, ciertos sesgos de tipo racial, sexual y de clase. Esto es algo evidente si atendemos, por ejemplo, a la construcción de cuerpos feos o degenerados o a las virtudes típicamente masculinas que por tradición han sido asociadas al científico, al tiempo que la naturaleza, el objeto de estudio que ha de ser dominado y controlado por su investigador, ha adquirido aquellas particularidades propias de la mujer.

Tal vez la fundación de esta mentalidad moderna queda ya alejada de nosotros. Sin embargo, a pesar de que las normas sociales y legales prohíben cualquier tipo de conductas discriminatorias, lo cierto es que no podemos pensar que las injusticias sociales hayan desaparecido por completo en nuestras actuales sociedades del bienestar. Aunque la discriminación social ya no forme parte de la conciencia discursiva de los individuos, lo cierto es que existen distintas formas de injusticia social que dependen de procesos inconscientes que generan reacciones de rechazo y aversión para con los miembros de los grupos oprimidos.

Sólo en la medida en que se produzca una afirmación positiva de la identidad de los grupos oprimidos, al tomar éstos conciencia de su situación y crear sus propias imágenes culturales, y en la medida en que los agentes sociales privilegiados se hagan responsables de sus acciones y las consecuencias que de ellas se derivan, será posible llevar a cabo una revolución en la que se modifiquen los hábitos culturales y se politice la cultura misma.

2. Las categorías de la opresión y la desigualdad de género

En su intento por poner de manifiesto que los problemas de justicia van más allá de las cuestiones distributivas, Young se refiere de manera explícita a las deudas que su concepto procedimental de la justicia tiene para con el “concepto ético-político incompleto de la justicia” de Agnes Heller, según el cual la justicia haría referencia a los procedimientos que permiten evaluar las normas institucionales; y, ante todo, a la influencia que en su obra ha tenido el modelo habermasiano de la “ética comunicativa”, de acuerdo con el cual únicamente pueden considerarse justos los contextos sociales en que todos los individuos puedan ejercer sus libertades. Así entendida la noción de justicia, habría dos condiciones sociales que definen la injusticia: mientras que la dominación estaría referida a todas aquellas situaciones en que las normas institucionales impiden a todos los individuos determinar las circunstancias de sus acciones, o sus acciones mismas, sin relación de reciprocidad, y otorgando una mayor autonomía a unos que a otros; la opresión, en cambio, incluiría todos los procesos institucionales que, de manera sistemática, “impiden a alguna gente aprender y usar habilidades satisfactorias y expansivas en medios socialmente reconocidos, o procesos sociales institucionalizados que anulan la capacidad de las personas para interactuar y comunicarse con otras o para expresar sus sentimientos y perspectivas sobre la vida social en contextos donde otras personas pueden escucharlas”. De modo que el concepto de “opresión” no debe entenderse tal y como ha sido entendido tradicionalmente, entrelazado con la tiranía por parte de los gobernantes y cargado de connotaciones de conquista, pues ha sido reemplazado por la noción de opresión característica de los movimientos sociales emergentes en los años 60 y 70, con los que ha pasado a designar aquellas injusticias posibilitadas por nuestras prácticas cotidianas a pesar de que, a primera vista, resulten inocentes.

En el momento en que se trata de llevar a cabo un análisis de estos mecanismos inherentes a la injusticia social, podemos percatarnos de lo complejo de la situación, lo que, de manera directa, parece contribuir a que las causas de estas desventajas e injusticias no se sometan a revisión, permaneciendo estables los hábitos y símbolos culturales que las generan. Determinar qué es un grupo social o cuándo un grupo es oprimido son problemas que ocuparon la atención de Young, plenamente consciente de que a pesar de que todas las personas oprimidas sufren impedimentos al desarrollo y ejercicio de sus capacidades, no todos los grupos sociales sufren la opresión en la misma medida. A este respecto, debemos tener presente, en primer lugar, que los grupos sociales, tal y como Young los entiende, no son meras colecciones de gente, sino que nos encontramos ante “una clase específica de colectividad con consecuencias específicas respecto de cómo las personas se entienden a sí mismas y entienden a las demás”. A diferencia de los llamados “conjuntos”, el grupo social no quedaría definido por un atributo, sino por el sentido de identidad definitorio o constitutivo del individuo, que no podría ser entendido con anterioridad al grupo social al que pertenece, sino que los miembros de cada grupo presentarían ciertas afinidades entre sí, identificándose, todos y cada unos de ellos, con una identidad mutua y reconociéndose en una historia compartida (lo que también diferenciará a los grupos de las asociaciones, constituidas de manera voluntaria y consciente por individuos ya formados y con una personalidad claramente definida).

Por otra parte, el problema de determinar cuándo un grupo está oprimido llevó a Young a afrontar el problema de la injusticia social a partir de un concepto plural de la opresión en el que se pueden diferenciar cinco categorías diferentes: explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia. Podemos entonces afirmar que nos encontramos ante un grupo oprimido cuando aparece, al menos, una de estas categorías enumeradas. Me interesaré aquí en lo que ellas tienen de relevante en la cuestión del género, dado que a lo largo de toda su obra Young se preocupó de manera especial por la situación de la mujer, a la que consideró uno de los principales grupos sociales afectados por la opresión. Según sus propias palabras: “En cuanto grupo, las mujeres están sometidas a la explotación en función del género, a la carencia de poder, al imperialismo cultural y a la violencia”.

(I) La explotación

En las últimas décadas, la noción marxista de explotación por la cual la masa de trabajadores no cualificados no sólo transferiría su poder a los propietarios de los medios de producción, sino que vería disminuir su propia autonomía y poder a favor de los intereses de la clase dominante, se ha revelado demasiado limitada. Al centrar su interés en las diferencias de clase, el enfoque marxista resulta poco explicativo a la hora de dar cuenta de fenómenos tan comunes en nuestra vida cotidiana como la explotación sexual o racial, lo que ha hecho que la mayoría de las feministas se desvinculen del marxismo, al que por tradición y desde su origen han estado estrechamente asociadas.

El principal foco de atención de estas nuevas feministas es la explotación sexual pues consideran que la mujer sufre, en cuanto grupo, un tipo especial de sometimiento en el que se ve desposeída de su poder a favor del dominio masculino. Young señala, en este sentido, que “la explotación de género tiene dos aspectos: la transferencia a los hombres de los frutos del trabajo material y la transferencia a los hombres de las energías sexuales y de crianza”. Fruto de un proceso de socialización marcado por el cuidado, es la mujer quien generalmente se ve responsable de una serie de tareas de las que su compañero se verá liberado, pudiendo éste incorporarse libremente al mercado laboral. De este modo, mientras que el varón puede desempeñar oficios creativos que le permitan reforzar su estatus, la mujer se ve abocada a desempeñar trabajos socialmente considerados femeninos, todos ellos poco valorados y recompensados, que convertirán a la mujer en una menor de edad de por vida al depender económicamente de su marido, a quien deberá proporcionar no ya sólo descendencia, sino también cuidado emocional y satisfacción sexual.

Puesto que estas injusticias, basadas en una “transferencia de energías a través de la cual los servidores refuerzan la categoría de los servidos”, no se eliminan, como bien indica Young, a través de la redistribución de bienes: “Hacer justicia donde hay explotación requiere reorganizar las instituciones y las prácticas de toma de decisiones, modificar la división del trabajo, y tomar medidas similares para el cambio institucional, estructural y cultural”.

(II) La marginación

Por marginación entiende Young aquellas situaciones en que el sistema no quiere -o bien no puede- usar a ciertos individuos que quedarían excluidos de la participación útil en la sociedad y que, al estar estrechamente relacionadas las nociones de independencia y autonomía con la noción de ciudadanía, quedarían sujetos a un tratamiento paternalista y degradante ante los servicios sociales y las administraciones, públicas o privadas.

Conforme a una noción tal de la marginación, la esfera de lo militar y lo policial son un genuino ejemplo de estos ámbitos en que, por tradición, se ha impedido la aplicación de las capacidades de las mujeres en los espacios públicos.

Esta estrecha conexión entre la dominación masculina y la lógica militarista que claramente tendería a marginar a la mujer en la medida en que la considera carente de capacidades útiles para la seguridad del Estado, tiene cabida en “The Logic of Masculinist Protection Reflections on the Current Security State”, donde Young analiza cómo el poder patriarcal se funda en la dedicación del hombre a la seguridad de la comunidad o el Estado: en el ámbito del hogar (entendido o visto como refugio), es el hombre quien goza de plena autonomía en la medida en que sea capaz de tomar las decisiones que permitan vivir seguros a quienes de su virilidad dependen. Entre tanto, la subordinación femenina no sería entendida como una forma de sumisión al varón, puesto que la mujer estaría obligada a obedecer y manifestar su agradecimiento y admiración a la figura masculina, cuya autoridad quedaría revestida bajo los ideales de la virtud o el amor a los suyos.

En La justicia y la política de la diferencia, nos dice Young que esta presunción de que la dependencia es por sí misma opresiva es un error, un mero prejuicio, si nos atenemos a las experiencias propias de grupos no hegemónicos, entre las cuales podemos encontrar visiones completamente diferentes en las que la dependencia no supone una pérdida de la elección personal o de la respetabilidad social, pudiendo ser considerada, incluso, una condición básica del ser humano. Entender la dependencia como opresiva es, por tanto, una consecuencia de los valores y símbolos culturales hegemónicos, “De modo que aunque la marginación implica claramente importantes cuestiones de justicia distributiva, conlleva además la privación de condiciones culturales, prácticas e institucionales, para el ejercicio de las capacidades en un contexto de reconocimiento e interacción”. 

(III) La carencia de poder

La carencia de poder, al estar íntimamente relacionada con la respetabilidad profesional y laboral, se manifiesta en numerosas prácticas cotidianas a través de conductas racistas y sexistas. En este último caso, es muy común el que las mujeres se dediquen al mantenimiento de la casa y el cuidado de los hijos, siendo el principal sustentador de la familia el varón. En aquellos casos en que la mujer se decide a combinar estas labores del hogar con el trabajo fuera de casa, y a pesar de las numerosas medidas que se han tomado contra esta discriminación, lo cierto es que, fruto de una socialización marcada por el cuidado, las mujeres tienden a ser asociadas con empleos poco valorados y, por tanto, poco remunerados, presentándosele numerosos obstáculos a la hora de ocupar cargos de cierta responsabilidad. Por el contrario, los empleos que requieren de una mayor especialización y profesionalización son más accesibles a los hombres, lo que les confiere un mayor estatus frente a las trabajadoras no profesionalizadas. Fundamentalmente la diferencia entre estas dos categorías radica en que son los trabajadores no especializados quienes obedecen y ejecutan las tareas según lo pautado, mientras que los trabajadores especializados (generalmente varones de raza blanca) son quienes planifican las labores, lo que les garantiza la oportunidad de ir progresando en la jerarquía laboral, obteniendo cada vez puestos de más autoridad y responsabilidad, en los que, si bien no gozan de una absoluta capacidad para tomar las decisiones últimas por sí mismos, pueden ejercer su poder sobre aquellos trabajadores cuyo trabajo son los encargados de supervisar. Y esto es algo que generalmente no se limita a lo laboral, sino que los profesionales gozan de una respetabilidad de la que en pocas ocasiones pueden disfrutar quienes ocupan los cargos menos valorados, ya se trate de miembros de minorías raciales, sexuales, etc.

(IV) El imperialismo cultural

La opresión, en cuanto imperialismo cultural, conlleva la universalización de la experiencia y los valores del grupo dominante socialmente, quien proyecta sus propias experiencias como representativas de la humanidad en su conjunto. Las perspectivas de los grupos minoritarios, en cambio, se volverían invisibles e irían adquiriendo gradualmente connotaciones negativas, al ser los miembros del grupo estereotipados e identificados con una esencia inferior y generalmente vinculada a sus cuerpos. La injusticia radica, por lo tanto, en que el grupo dominante impone su propia visión de la vida social a los demás grupos, sin considerar sus propias experiencias y valores como una perspectiva más entre otras. Young lo expresa afirmando que “las experiencias e interpretaciones de la vida social propias de los grupos oprimidos cuentan con pocas expresiones que afecten a la cultura dominante, mientras que esa misma cultura impone a los grupos oprimidos su experiencia e interpretación de la vida social”. El llamado “eterno femenino” supondría un claro ejemplo de imperialismo cultural, en la medida en que la mujer no es definida por sí misma, sino en función de unos valores masculinos que determinarían una esencia definitoria de lo que es la mujer. Una esencia, por otra parte, dada negativamente en la medida en que es entendida como la carencia de aquellos caracteres y capacidades socialmente valorados y entendidos como neutrales cuando lo cierto es que se trata de un perfil claramente masculino.

(V) La violencia

Entendiendo bajo el rótulo de violencia sistemática no sólo los ataques físicos a los miembros de los grupos marcados socialmente, sino también todas aquellas formas de acoso o intimidación provocados con la intención de ridiculizar o humillar a dichas personas, Young contempla todas estas conductas no ya como el acto particular de un individuo concreto, sino atendiendo al contexto social que lo rodea y que hace de estos actos hechos posibles e incluso, en los casos más extremos, aceptables. Así, puesto que “lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social, y no sólo una acción individual moralmente mala, es su carácter sistémico, su existencia en tanto práctica social”, Young afirma que no debemos entender exclusivamente como violentos los actos mismos de agresión y humillación de los individuos, sino la posibilidad misma de que, en función de su identidad de grupo, estos individuos sean vejados socialmente. Una vejación, por otra parte, que resulta irracional y guiada por procesos inconscientes como el temor y el odio. En palabras de Young:

“La opresión de la violencia consiste no solo en la persecución directa, sino en el conocimiento diario compartido por todos los miembros de los grupos oprimidos de que están predispuestos a ser víctimas de la violación, sólo en razón de su identidad de grupo. El solo hecho de vivir bajo tal amenaza de ataque sobre sí misma o su familia o amigos priva a la persona oprimida de libertad y dignidad y consume inútilmente sus energías”

La violencia, en cuanto forma de injusticia, no puede ser abordada desde parámetros distributivos, sino que requiere de un cuestionamiento mucho más profundo que afecte a los pilares más básicos de nuestras sociedades actuales. Únicamente en la medida en que sean transformadas las imágenes culturales y los estereotipos en que se basan nuestras conductas cotidianas, podrá eliminarse la violencia sistemática que día a día afecta a los miembros de los grupos minoritarios.

3. La imparcialidad como modelo de asimilación y eliminación de la diferencia en la esfera pública

Hasta aquí la crítica de Iris Marion Young al paradigma distributivo. Pasaré a continuación a ocuparme de su otro gran foco de atención en La justicia y la política de la diferencia: el ideal de la imparcialidad.

Para referirse a este ideal normativo, que se ha instaurado como la seña de identidad de la racionalidad moral, Young toma de Adorno la expresión “lógica de la identidad”, y lo describe no sólo como un ideal imposible, sino como un paradigma que atiende a fines ideológicos en la medida en que busca eliminar del razonamiento moral las diferencias (tanto contextuales como sentimentales) a favor de la unidad. Al suponer que el razonador imparcial es aquel capaz de alcanzar un punto de vista universal, se buscaría una “subjetividad moral trascendente” reduciendo la pluralidad de agentes morales a una única subjetividad por lo que, más que en términos de procesos o de relaciones, esta lógica de la identidad trataría de conceptualizar los entes en términos de sustancias y de categorías lo más estables posibles. Lo paradójico es que, a pesar de que se busque dominar (o en su caso extremo eliminar) lo heterogéneo para negar lo que las distintas situaciones tienen de particular, en el fondo lo que se consigue es totalmente lo contrario pues, lejos de acercarse a un último principio unificador, la lógica de la identidad genera tajantes dicotomías que únicamente se pueden eliminar cuando uno de los elementos en cuestión es suprimido. De modo que el intento de unificación de los agentes morales en una misma voluntad general fracasa necesariamente porque, como ya mostraron Derrida y Adorno, la experiencia forma parte de la realidad que se trata de unificar, no pudiéndose eliminar nunca los sentimientos e intereses del sujeto. En la medida en que el punto de vista moral surge de la interacción con otras personas, es imposible alcanzar un punto de vista neutral, imponiéndosenos la necesidad de tener en cuenta las reivindicaciones y necesidades de las demás personas; es decir, una racionalidad dialógica, o como Habermas la define, ética comunicativa.

A pesar de todas estas críticas, la lógica de la identidad no solo ha sido protagonista de los debates morales, sino que se ha instaurado también, especialmente desde finales del siglo XVIII, como principio fundamental de la teoría política normativa. Nuevamente, en este ámbito se buscaría la homogeneidad mediante la exclusión de lo diferente a través de la eliminación de todos los aspectos corporales y afectivos, por cuanto que es la razón la única que nos permite dar expresión a nuestra verdadera naturaleza humana y ejercer nuestra más plena libertad al participar de la voluntad general.

Una vez mas, Young hace aquí hincapié en el hecho de que “la imparcialidad no sólo es imposible, sino que el compromiso con este ideal tiene consecuencias ideológicas adversas”. Concretamente, señala tres funciones ideológicas que, según su punto de vista, cumpliría el ideal de la imparcialidad y ante los cuales habría que buscar la estabilidad y equidad social en un contexto de plena pluralidad y heterogeneidad. En primar lugar, la imparcialidad estaría estrechamente relacionada con el paradigma distributivo por cuanto que ambos se sustentan en la necesidad de un Estado neutral. Por otra parte, legitimaría tanto el control burocrático como la jerarquía en los procedimientos de tomas de decisión, resultando innecesarios los procedimientos de tipo democrático, redundantes en un contexto en que los agentes buscan la imparcialidad en sus decisiones. Finalmente, lejos de eliminar la opresión, la imparcialidad tendería a reforzarla al convertir el punto de vista de los grupos privilegiados en expresión de la humanidad en su conjunto, lo que encuentra su máxima expresión en la filosofía hegeliana, donde “concebido como miembro del Estado el individuo no es un centro de deseos particulares, sino el portador de derechos y responsabilidades universalmente articuladas”.

En su apología de la democracia y de la idea de una esfera pública lo más heterogénea y diversa posible, cuya defensa desarrollará posteriormente en Inclusion and democracy, Young incluye estas objeciones, junto a las cuales recurrirá a la noción de inclusión, tan importante para la democracia como pueda serlo para la justicia. Estas tres nociones (justicia, inclusión y democracia) constituyen, en definitiva, un único y mismo ideal, según el cual una decisión únicamente puede considerarse justa cuando la gente delibera bajo condiciones democráticas. Ahora bien, como ya hiciera en “Communication and the other: Beyond Deliberative Democracy”, Young trata de ir aún más lejos y pretende fundar lo que ella denomina como “modelo comunicativo de la democracia”. Un sistema que, por tener en cuenta la pluralidad, resulta más amplio que el ideal deliberativo; el cual, en ocasiones, puede resultar excesivamente excluyente y ponerse al servicio de los mecanismos de opresión y dominación. Es por ello precisamente por lo que, en Young se opone abiertamente a este modelo normativo de la democracia deliberativa, demasiado acotado frente a su ideal de la reciprocidad asimétrica. Este último estaría fundado en el reconocimiento de las diferencias culturales entre los participantes de la discusión pública, así como en el cuidado de los distintos intereses personales y las posibles vinculaciones de éstos con la posición social del individuo en cuestión.

Pero esto no es todo. El modelo comunicativo estaría orientado hacia unos fines muy distintos de aquellos a los que atienden los deliberativistas, preocupados por alcanzar el bien común a través del consenso de todos los afectados, cuyos intereses se rendirían a la fuerza y la evidencia del mejor de los argumentos. Young sostiene que inclusión y heterogeneidad únicamente son posibles en el seno de una democracia comunicativa con un marcado carácter transformativo que pretenda modificar no sólo los parámetros del debate, sino los mismos temas y asuntos que se sitúan en la cabecera de la agenda política.

4. Las políticas de la diferencia

Young nos presenta en La justicia y la política de la diferencia tres ejemplos de opresión (con marcadas referencias a los EE.UU.) que requieren de una solución urgente: el caso de los indígenas, el caso de los latinos y el caso de las mujeres. Ve en todos ellos manifestaciones de la opresión de las minorías, perpetuadas en nuestras sociedades del bienestar capitalista generación tras generación de manera inconsciente y, por tanto, sin ser cuestionadas en sus fundamentos. Acto seguido, apunta a una posible solución con vistas a maximizar la igualdad de los individuos y a garantizar el pleno desarrollo de sus facultades y capacidades en espacios públicos reconocidos. Esta solución que nos presenta se funda en la parcialidad y en la heterogeneidad, principios que desde los años 60 y 70 vienen siendo reivindicados por los grupos minoritarios, en lucha por obtener el reconocimiento de su condición y por elaborar una imagen positiva de su propia especificidad de cara a la sociedad. Entre todos ellos destacarían de manera especial, por ser los abanderados de la lucha por la diferencia, el Movimiento Negro y el Movimiento Indígena, a los que pronto se unieron movimientos de gays y lesbianas, así como diversos movimientos que luchaban por el reconocimiento positivo tanto de los valores como de las experiencias de las mujeres. Es, sobre todo, a finales de los años 70 cuando despega esta oleada de movimientos dentro de la sociedad civil que, ante aquellas actividades socialmente valoradas por estar asociadas a la masculinidad, pretende revalorizar el cuidado y la crianza, así como promover la autoorganización de la mujer a través de asociaciones e instituciones fundadas en análisis ginecéntricos en los que se trata de dar cabida a la diferencia entre las propias ciudadanas (ya fueran diferencias raciales, de clase, etc.).

A pesar de sus múltiples diferencias, el objetivo fundamental de estos movimientos sería esencialmente hacer ver que el ideal de la asimilación que ha marcado las tendencias políticas de los últimos tiempos no es solo un ideal imposible, sino que, en la medida en que atenta contra las diferencias individuales y de grupo, ni siquiera es deseable. Bien es cierto que estamos obligados a reconocer los logros de este ideal de humanidad de corte kantiano. Como afirma Young:

“No cabe duda de que el ideal de liberación entendido como la eliminación de las diferencias de grupo ha sido enormemente importante en la historia de la política emancipatoria. El ideal de humanidad universal que niega las diferencias naturales ha sido un desarrollo histórico crucial en la lucha contra la exclusión y la diferenciación por categorías. Dicho desarrollo ha hecho posible afirmar el igual valor moral de todas las personas y, de este modo, afirmar el derecho de todas las personas a participar y ser incluidas en todas las instituciones y posiciones de poder y privilegio”.

Por tanto, sin la menor intención de negar todas estas ventajas que nos ha reportado el ideal de lo cívico público, Young se imbuye de lleno en la tradición de la teoría crítica para oponerse al ideal de asimilación que subyace bajo la superficie de tan idílico fundamento político, y se adhiere a los movimientos sociales y políticos que han buscado la no adecuación a un ideal humano elaborado conforme a unos valores y unas experiencias, en el fondo, sesgadas y ligadas a determinados intereses grupales, sirviendo a la diferenciación entre quienes se adecuan a tal ideal humano y quienes, por una naturaleza esencialmente distinta (e inferior), se mantienen en los peldaños más bajos de la jerarquía social. Como bien indica la profesora de Chicago, el insistir en la homogeneidad no sólo nos hace insensibles a la diferencia, sino que además permite a los grupos privilegiados identificarse a sí mismos con un punto de vista neutral y universal que queda definido como “lo propio del hombre”. Paralelamente a este encumbramiento del grupo dominante, quienes forman parte de grupos oprimidos tienden a desarrollar una conciencia negativa de sí mismos, cuando en el fondo todas esas diferencias y esos puntos de vista alternativos tienen un significado positivo al contribuir al enriquecimiento de nuestras sociedades, caracterizadas cada vez más por la pluralidad.

En el seno de esta heterogeneidad Young propone la autoorganización de los grupos oprimidos con objeto de relativizar la cultura dominante al poner de manifiesto que no se trata, como se pretende, del punto de vista natural humano, sino de una posible visión entre otras muchas. Así, frente al tradicional significado opresivo de la diferencia, funda una nueva noción en la que la heterogeneidad cobra tintes emancipatorios al reclamar “la definición del grupo por el grupo, como una creación y construcción, antes que como una esencia dada”. De modo que la diferencia, al cobrar el sentido no de una sustancia, sino de una relación inmersa en un contexto preciso, lejos ya de contribuir a la dominación de unos grupos sobre otros (tal parece ser el temor de quienes se oponen a estas políticas de la diferencia), garantizaría la igualdad efectiva de los individuos en su vida cotidiana, puesto que la diferencia no sería vista desde principios esencialistas. Únicamente cuanto todos los grupos sean reconocidos en lo que tienen de diferente y cuando estas diferencias se reconozcan públicamente como positivas, podrán todos los individuos ser considerados en pie de igualdad. Por supuesto ello precisa, y la propia Young es consciente de ello, de un conjunto de derechos básicos iguales para todos que garanticen el que la diferencia no sea motivo de exclusión. La novedad con respecto a los sistemas clásicos radica en que, junto a este sistema básico de derechos, debe incluirse una serie de medidas políticas más específicas y compatibles con derechos sensibles a las diferencias de grupo, que sirvan a la defensa y el mantenimiento de la diferencia y la heterogeneidad, fundamental para los sistemas políticos democráticos tanto en lo procesal como en lo sustantivo.

En lo que tiene que ver con el procedimiento democrático mismo, la representación de los diferentes grupos aseguraría la equidad a la hora de tratar los asuntos de dominio público, quedando así recogidos en las deliberaciones los intereses de todos los grupos, por diferentes que ellos puedan resultar. Por ora parte, y en cuanto a lo sustantivo, Young aparece en deuda con los planteamientos habermasianos, pues al igual que éste se muestra a favor de la obtención de mejores resultados y la adopción de medidas más justas a través de la deliberación pública, fuente de un mayor conocimiento social y de una mayor implicación política por parte de los ciudadanos. La necesidad que tengamos de dar razones ante los demás miembros de la sociedad aseguraría el encuentro dialógico intersubjetivo que haría compatibles los intereses privados y personales con las necesidades ajenas, permitiendo además que se den cabida en el razonamiento político y moral no sólo los factores racionales, sino también aquellas emociones y sentimientos que como puso de manifiesto Seyla Benhabib, no pueden sustraerse de la perspectiva del “otro concreto”.

Ahora bien, pese a que Young apuesta por las políticas de la diferencia como la principal alternativa a la dominación y la opresión que sufren estos grupos, es plenamente consciente de que no todas las políticas de la diferencia ni todas las reivindicaciones de los grupos sociales se encuentran al mismo nivel, ni sirven con la misma fuerza al fin perseguido. En “Structural Injustice and the Politics of Difference” apunta ya a esta cuestión cuando reconoce dos frentes abiertos: por una parte, las que llama “politics of positional difference” incluirían las reivindicaciones que, sobre todo, a lo largo de la década de los 80, guiaron a los movimientos feministas, así como a las minorías raciales y sexuales; por otra parte, las definidas como “politics of cultural difference” habrían dominado durante la década de los 90, en que los movimientos sociales comenzaron a decantarse por las cuestiones nacionales, étnicas y religiosas. A través de estas dos categorías, Young diferencia aquellas cuestiones de justicia a las que entiende como estructurales, de aquellas otras que, sin carecer de importancia, dependen en cierta medida de las anteriores. El profundo abismo que se abre entre sendas perspectivas, las cuales no sólo difieren por la manera que tienen de entender la constitución de los diferentes grupos sociales, sino por los principios sobre los que se fundan sus reivindicaciones y los principios políticos a los que toman como centro de sus críticas, no ha sido, sin embargo, tenido en cuenta por las discusiones más recientes acerca de la justicia. Ello es problemático porque mientras que las políticas de la diferencia de tipo cultural, entre las cuales Young incluye la obra de Will Kymlicka, enfatizan la importancia que tienen las diferencias culturales para los individuos, definiéndose, por tanto, en oposición al individualismo liberal que supone que el individuo es previo a los diferentes grupos, de los que sólo posterior y voluntariamente formará parte, las políticas de la diferencia de tipo estructural se revelan contra el ideal político de la imparcialidad y lo cívico público, buscando así la representación de los grupos oprimidos. Esta última categoría supondría, en definitiva, un ataque contra todas aquellas injusticias estructurales que, reproducidas de forma sistemática, impedirían a los individuos ejercer sus capacidades y oportunidades en igualdad de condiciones; algo muy distinto de los impedimentos a la libre expresión de sus creencias, a la libre asociación y reunión, a la posibilidad de educar a sus hijos según sus propios ideales de vida… en que se ven envueltos quienes sufren algún tipo de injusticia cultural.

Pese a todo son, como decimos, estas últimas cuestiones las que han cobrado un mayor protagonismo en los trabajos más recientes de teoría política, lo que ha llevado a Young a señalar en su trabajo tres consecuencias negativas al respecto:

(i) en primer lugar, estas cuestiones culturales desvían la atención de los principales problemas de justicia, pasándose por alto aquellas injusticias estructurales que debieran ser el foco de atención;

(ii) en segundo lugar, las políticas de la diferencia que se centran en estas cuestiones culturales tienen como centro de atención las injusticias producidas por la acción y la autoridad del Estado, cuando muchas de las injusticias que afectan a los grupos oprimidos tienen lugar en la vida cotidiana, por efecto de las conductas toleradas y admiradas en la sociedad civil; y por último

(iii), las políticas de la diferencia centradas en las discriminaciones de tipo cultural favorecen la normalización de la cultura dominante.

(i) Cuando Young afirma que las políticas de la diferencia de corte cultural tienden a oscurecer algunos usos de la justicia se está refiriendo al proceso (más o menos inconsciente) por el que se oscurecen aquellos procesos en que determinadas personas son asociadas a ciertos estereotipos, siendo por ello segregados de los grupos más privilegiados y viéndose apartados de los cargos de autoridad. Ello no supone exclusivamente un problema de tipo cultural, sino que más bien tiene que ver con la igualdad de oportunidades de los individuos para desarrollarse y ejercer sus capacidades en los distintos ámbitos políticos que influyen directamente en sus vidas.

(ii) En cuanto al Estado y la sociedad civil no debemos olvidar que ambos son decisivos a la hora de solventar las injusticias que dañan a los grupos oprimidos. Ahora bien, parece que las políticas culturales van de la mano de las políticas liberales al suponer que el Estado debe interferir lo menos posible en las relaciones entre individuos o grupos. En tales circunstancias, el principal problema al que las teorías políticas (de corte liberal) se enfrentan es el de determinar los límites precisos entre la esfera pública y el ámbito de lo privado, para así fijar de manera definitiva y rotunda los límites de la acción del Estado. Mientras, la sociedad civil pasaría desapercibida para estos enfoques liberales, contribuyendo las políticas culturales a perpetuar las injusticias estructurales, presentes en la vida cotidiana a pesar de que las leyes vigentes hayan reconocido abiertamente la igualdad formal de todos los individuos.

(iii) Finalmente, Young acusa a las políticas culturales de normalizar la cultura al enmarcar todos los debates sobre el multiculturalismo bajo unos valores y unas costumbres típicamente occidentales. Al preguntarnos si debemos tolerar determinada conducta que nuestra cultura entiende como cuestionable, nos estamos situando a nosotros mismos como los sujetos decisivos en el debate. El nuestro es el punto de vista de la cultura dominante, la cual, conforme a sus hábitos y costumbres -entendidas como neutrales-, decide permitir y tolerar ciertas expresiones culturales. Esto es claro si atendemos a los debates acerca de la mujer, en cuyo seno se evalúa la discriminación sexual en función de valores masculinos que contribuyen a degradar a la mujer y a hacerla más vulnerable. Y es algo aún más evidente cuando, en el marco de las injusticias transnacionales, las categorías en que se basan nuestros análisis y mediante las cuales tratamos de mejorar la situación de países vecinos, lo que en realidad conseguimos es todo lo contrario. Así, por ejemplo, en el caso de la mujer, los debates que se han llevado a cabo en Europa acerca del multiculturalismo pueden contribuir aún más a degradar a las mujeres del Tercer Mundo.

Young acusará a Kymlicka de no tener en cuenta estos matices cuando en Multicultural citizenship se centra en las cuestiones culturales. En este tipo de injusticias, el conflicto es la consecuencia de que una de las comunidades políticas (no siendo necesariamente la mayoritaria) limita la capacidad de una o mas comunidades a la hora de expresarse y vivir conforme a su ideal. Por lo que, al menos en este contexto, es completamente normal que los miembros de esas comunidades demanden para sí derechos especiales que les permitan proteger su forma de vida y que, en la medida de lo posible, les sitúen en el mismo nivel de autonomía y desarrollo en que se encuentra la cultura privilegiada o dominante. Pero, independientemente de la importancia que todas estas injusticias culturales puedan tener y de lo necesario que sea el erradicarlas, lo cierto es que existen, según Young, una serie de injusticias aún más profundas o fundamentales que no podemos pasar por alto. Las clases socio-económicas, los grupos definidos por la incapacidad, el género o la raza son los principales afectados por una serie de injusticias estructurales derivadas de la división social del trabajo, de la jerarquía en los procesos de toma de decisiones, de los distintos estereotipos asumidos socialmente…. Ante todas ellas, es necesario reconocer que existen ciertas instituciones que asignan a los distintos individuos valores completamente diferentes, no siendo reducibles estas injusticias a políticas culturales. Por ello, aunque Young considera a las políticas de tipo cultural defendidas por Kymlicka importantes para la supresión y eliminación de la opresión, son, pese a todo, las políticas de la diferencia estructurales aquellas que, según ella, tienen una mayor importancia por cuanto que ponen a la luz las injusticias sistemáticas, llamando la atención sobre los procesos de explotación, marginación y normalización que mantienen a ciertas personas en situación de subordinación.

5. El cuestionamiento de las fronteras. Una teoría de la justicia global

El nuevo rumbo que en las últimas décadas tomaron los problemas de justicia, cada vez más centrados en las cuestiones transnacionales, hizo que el peso de la obra de Young en sus últimos trabajos girara en torno al problema de la justicia global. A pesar de que ya en La justicia y la política de la diferencia la teórica feminista incluyó un último epígrafe referido a este tipo de problemas, es sobre todo a partir de 1997 cuando categorías como “empowerment” o “responsibility” adquieren un mayor protagonismo.

En términos generales, su planteamiento consiste en la aplicación de las políticas de la diferencia, a las que presenta como alternativa a las políticas opresivas basadas en la distribución y la imparcialidad, no ya solo en el seno de nuestras sociedades democráticas, sino en un nuevo contexto político que desborda los límites nacionales. Por ello, en debates posteriores ha sido muy discutida la estrecha relación existente entre su concepción nacional y su concepción global de la justicia. En lugar de actualizar sus planteamientos tratando de ajustarlos lo más posible al nuevo escenario político, actitud que llevó por ejemplo a Fraser a enriquecer su modelo dual de la justicia mediante la noción de misframing, Young se mantiene fiel a los conceptos de poder y opresión aportados en trabajos anteriores.

En un ambiente en el que cada vez son más frecuentes los problemas de tipo global (tales como el cambio climático, el terrorismo internacional, la feminización de la pobreza, etc.), Young emprendió la tarea de establecer vínculos entre la noción de responsabilidad y su tradicional concepto de justicia a través de lo que denominó “social connection model of responsability”. Aporta así un modelo de la justicia global que toma como punto de partida no ya la idea de una supuesta humanidad común, sino la responsabilidad que tenemos para con todos aquellos individuos con los que mantenemos relaciones institucionales. Por lo que, así como en el nivel nacional es preciso que los grupos dominantes sean conscientes del rol que desempeñan y, por tanto, de las consecuencias opresivas que de ello se derivan, es necesario que los distintos Estados se hagan responsables de aquellas injusticias de las que son copartícipes.

Precisamente este aspecto condujo a Young a desarrollar toda una crítica a las concepciones de corte nacionalista y al concepto de soberanía a ellas asociado. Al quedar obligado a respetar la igualdad formal de todos los individuos mediante la aplicación de las mismas leyes para todos los ciudadanos, el Estado podría convertirse en un medio de opresión y eliminación de la diferencia que, a nivel nacional, no daría cuenta de las demandas de los grupos minoritarios. Es más, sería incluso frecuente el que el Estado se convirtiera en un mecanismo de opresión transnacional, cada vez que tratara de extender su autoridad a los vecinos más débiles. A ello habría que añadir además que, bajo estos mismos presupuestos nacionalistas, no habría obligación alguna para con los demás Estados al estar la soberanía limitada por las fronteras territoriales.

Hay, por otra parte, un segundo paralelismo entre la justicia nacional y la justicia global en el planteamiento de Young; vínculo que, como sucediera en el caso anterior, ha sido objeto de controversia. Al querer hacer compatibles las medidas cosmopolitas que transgreden los límites territoriales con la libre determinación local, Young entiende a esta última como pareja al autogobierno de los grupos oprimidos: el empoderamiento de éstos dependería de su capacidad para producir una imagen positiva de sí mismos frente a la concepción dominante, quedando ésta relativizada, del mismo modo a como es preciso que, en la esfera transnacional, se de una federación descentralizada de democracias.

No obstante, el ambicioso proyecto de Young parece resultar, en última instancia, demasiado limitado. A pesar de la profundidad a la que llega en su tratamiento de las cuestiones nacionales, su planteamiento de la justicia global no logra reformular nociones tan fundamentales como la noción de poder o la de opresión. En primer lugar, surgen dificultades en lo que respecta a su idea de la responsabilidad de los grupos privilegiados para con los miembros de las minorías. Si partimos de la necesidad de que la responsabilidad se funde en el reconocimiento de que los propios valores y conductas son un instrumento opresivo, nos encontramos con la dificultad de que, para Young, la mayor parte de estas conductas se funda en mecanismos inconscientes. Algo que se torna aun más complejo cuando nos enfrentamos al problema de empatizar con los miembros de culturas radicalmente distintas a la nuestra. En segundo lugar, si, como propone Young, tratamos de solventar estas dificultades impulsando la autonomía local de las distintas sociedades, nos veremos inmersos en nuevas contradicciones. En este sentido, cabe destacar que su modelo de la federación descentralizada de democracias promueve la revalorización del autogobierno de las culturas minoritarias (es decir, cierto nacionalismo), al mismo tiempo que se hace hincapié en la necesidad de privilegiar la perspectiva global. En tercer y último lugar, Young no desarrolla lo suficientemente el concepto de poder. En vez de establecer diferentes modalidades del poder -en función de si se trata de un poder colectivo o individual-, y de analizar las relaciones que estas distintas modalidades guardan entre sí y en relación a las categorías de dominación y opresión, Young nos aporta un concepto de poder unificado. Pasa por alto así cuestiones centrales de la injusticia global que no jugaban ningún papel dentro de los límites estatales pero que son fundamentales para entender las injusticias transnacionales. Un ejemplo de tales cuestiones sería, sin ir mas lejos, analizar en qué medida el empoderamiento colectivo contribuye al individual.

Sin embargo, más allá de todas las posibles críticas, es preciso reconocer que la obra de Young, especialmente en lo que tiene que ver con la justicia transnacional, quedó incompleta. Queda abierta, por tanto, la cuestión de si Young hubiera permanecido fiel a su análisis de la justicia o si, por el contrario, de seguir con vida, hubiera optado por reformular sus principales categorías para adaptarlas a los problemas más recientes de justicia global. Hubiera cumplido, en tal caso, con el objetivo apuntado ya en su obra de 1990, La justicia y la política de la diferencia, donde señaló:

“Los cinco criterios de opresión que he desarrollado pueden ser puntos de partida útiles para preguntarnos qué significa opresión en Asia, América Latina, o África, pero tal vez sería necesario realizar una importante revisión de algunos de estos criterios, o incluso reemplazarlos completamente”.

Por Tamara Palacio Ricondo para Eikasia. Revista de Filosofía, año V, 39 (julio 2011) http://www.revistadefilosofia.com. Encuentre aquí el artículo original.

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